al fin ¿cómo es?

Si algo tiene sumido en confusión a todos los candidatos a cargos administrativos y corporaciones públicas en las próximas elecciones que pretenden avales por fuera de los partidos legalmente establecidos, son los costos de las pólizas exigidas como garantía de seriedad de sus candidaturas.

Una crónica de la revista Dinero.Com sobre  los cinco mayores peligros que se esconden detrás de la financiación de las campañas incluye lo que llama “Costos excluyentes” en donde trata este tema, diciendo:

(…) “Donde sí parece abrirse un amplio campo de exclusión, especialmente para aquellos candidatos sin ascendiente político tradicional, es en los costos de las pólizas exigidas como garantía de seriedad de las candidaturas. Los incrementos en su valor respecto a los últimos comicios han sido de hasta 1.900%. Los candidatos de municipios con menos de 10.000 habitantes deberán constituir pólizas equivalentes a 200 salarios mínimos mensuales (unos $107 millones). La suma deberá ser depositada en una cuenta, simultáneamente con la inscripción, o estar representada en una garantía real. El valor de compra de la póliza constituirá un gasto adicional.

Varios aspirantes se declaran excluidos de antemano y se sienten discriminados respecto a quienes están apadrinados por caciques electorales. "La situación que se nos plantea es que nos hipotequemos en grados indecibles o nos vendamos a un buen postor. Eso no puede ser posible", dice Alba Marina Mafla, quien buscará un asiento en una corporación pública en el Valle del Cauca.

El Consejo Electoral no lo ve de esa manera. Según su presidente, la póliza garantiza que el ejercicio político no sea una expresión de oportunismo. "Conozco el caso de una persona que perdió su casa por aventurarse en una campaña, pese a que sabía que no contaba con mayor respaldo", dice el magistrado Juan Pablo Cepero. Sin embargo, varias organizaciones sociales esperan pedirle una explicación más amplia a instancias de audiencias públicas.

El valor de las pólizas y los incrementos de los costos de publicidad en los medios electrónicos de mayor masividad son dos de los factores que les dan la razón a quienes dicen que es necesario abaratar los costos de las política y subir únicamente el rasero de las exigencias legales y éticas.

En medio de este panorama de riesgos, el proceso electoral de octubre podría ser un campo minado. Reducir sus peligros dependerá no solo del Estado sino del ciudadano que, en últimas, es quien elige por quién votar.