¿Mordaza disfrazada?

Sería probable que el cien por ciento de una encuesta sobre el escándalo de las chuzadas del DAS, admita que sin el concurso de la prensa, este secreto estaría todavía encriptado en los archivos del recóndito secreto de Estado.

Pero, si el proyecto que ahora el gobierno presenta a consideración del Congreso sobre “inteligencia y contrainteligencia” hubiera sido ley un año antes, los periodistas que develaron todo el sucio proceso podrían ir en este momento a la cárcel por violar secretos de Estado.

En efecto, si la ley pasa como está redactada, en adelante podríamos leer en el artículo 35 del Código Penal que (…) “quien en provecho propio o ajeno, o con perjuicio de otro, divulgue o emplee el contenido de un documento que deba permanecer en reserva, incurrirá en pena de prisión de cinco a ocho años, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor”. Y también que (…) “el servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva, incurrirá en pena de prisión de cinco a ocho años y multa de 20 a 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por diez años”.

Eh ahí el dilema que podría sintetizarse en ese dicho popular que dice que a veces resulta peor el remedio que la enfermedad. Blindar los “secretos de Estado”, en un Estado cuyos secretos lindan en la más de las veces con corrupciones y violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos, no deja de ser una garantía de impunidad que alentaría acciones indebidas de sedicentes gobiernos democráticos que, como diría Madam Roland, hablando de la libertad (…) “Cuántos crímenes cometen en su nombre”…

Durante años, la libertad de expresión ha sido esencia de todas las demás libertades de que pueda gozar una persona en un Estado civilizado. No se corre ningún riesgo al afirmar que esta libertad es lo primero que atacan los déspotas porque saben que tarde o temprano, dará al traste con todos los regímenes despóticos, independientemente del disfraz ideológico que adopten (es el actual ejemplo del mundo árabe).

Ahora bien: nadie con buen juicio negará, tampoco, que la filtración de informaciones a los medios ha conllevado también perjuicios a personas y grupos que difícilmente pueden volver a recoger sus honras. ¿Qué tanto este costo justifica la otra cara del destape? Es la pregunta del millón.

Seguramente, este proyecto gubernamental va a provocar un ardoroso debate cuando coja impulso en el Congreso. De momento, no parece prudente proponer la penalización de periodistas que develen documentos secretos. Pareciera retaliación contra profesionales de los medios que tienen en calzas prietas a altos funcionarios del gobierno anterior, incluyendo al mismo ex presidente Uribe (caso Coronel, por ejemplo).